Federación Nacional de Pobladores: Construyendo una vida digna.

Nacida de la confluencia de deudores habitacionales, allegados y damnificados del terremoto, la Federación Nacional de Pobladores (Fenapo) es un nuevo actor social que, producto de su propia maduración política, hoy propone a las autoridades una salida democrática y participativa ante un ineficiente modelo subsidiario de vivienda.

La Fenapo recibió su primer impulso de un puñado de organizaciones que unieron las demandas de deudores y   allegados. Sin  embargo, fijan como  su  inicio  oficial el terremoto del 27 de febrero, ya que ahí realizaron las primeras intervenciones territoriales junto a los damnificados.

En noviembre de 2010 el Gobierno intentó aumentar el ahorro  previo  de  las  familias, de 240 mil a más de un millón de pesos (50 UF); reducir el subsidio para comprar terrenos, de 200 UF a 50 UF; y reducir el subsidio de ampliación de 111 a 50 UF, lo que, a juicio de los pobladores,  iba  a  significar la expulsión hacia la periferia de las familias que no pudiesen ahorrar.

“Así que nos conocimos en las calles, manifestándonos, porque entendemos que las leyes no garantizan el derecho a un suelo o a un techo”, explica Rafael Soto, dirigente de la agrupación de allegados Don Bosco, de La Florida.

“No tenemos nada contra la periferia, siempre y cuando estén las   condiciones   para   recibir a  los  nuevos  habitantes,  que haya trabajo cerca, locomoción, hospitales, etc. Y eso hoy no está”, afirma Alexis Parada, del movimiento Pueblo Sin Techo.

Tras las movilizaciones, desde enero de este año entablaron una mesa de trabajo con el Ministerio de Vivienda, en la que lograron detener las reformas que no les beneficiaban y establecer su petitorio.

Para  el  caso  de  los  deudores: Fin inmediato al mandato que obliga a firmar una autorización para   que   el   Minvu   revise los datos personales de las familias;  su  incorporación  en las soluciones de todos los decretos de viviendas sociales; la condonación total para las familias más vulnerables y la inclusión  en  los  subsidios  de las que no se consideren en esta condición; y la condonación a los damnificados del terremoto, ya que algunos siguen pagando dividendos por hogares inhabitables.

En el caso de los allegados, exigieron  un  banco  de  suelos -ya  que  hoy  sólo  se  compran tras   aprobarse   los   proyectos en un proceso muy largo-; diálogo directo y permanente con el Ministerio, para elaborar e implementar políticas participativas; un decreto de vivienda autogestionado, que permita a los propios pobladores adquirir los terrenos, gestionar los proyectos y ejecutar las obras. Y en este marco, llevarlo a la práctica con un proyecto piloto en La Pintana.

Construir más y mejor

Aunque ya había experiencias autogestionarias con pobladores de   Peñalolén   y   La   Pintana, la  instalación  de  este  decreto de   vivienda   popular,   busca ser una alternativa duradera, “que ponga en manos de los pobladores la construcción y administración  de  los  recursos de las viviendas y de   esta forma excluir a las empresas constructoras”, impulsando la construcción de viviendas más amplias y de mejor calidad, “y de esta forma que, lo que va al bolsillo del empresariado”, vaya en beneficio de los pobladores, explica Parada.

“El logro es muy importante, porque se subvierte desde dentro el modelo habitacional, que está en crisis, y no contempla la participación de los pobladores en  el  diseño  de  los  espacio donde van a vivir”, explica Claudio Pulgar,  coordinador del Consultorio Fau de la U de Chile, que asesoró el proyecto.

Además destaca  que lo importante, más allá de exigir, es que se proponen soluciones que   integran   las   necesidades de los pobladores, potenciando su  auto-educación  y  el  cruce de   conocimientos  con  los profesionales.

El proyecto distribuye 64 cupos emplazados  en  un  terreno  de 5300 metros cuadrados, donde se   construirán   departamentos o duplex de 60 metros cuadrados   para   cada   familia y   donde   se   contempla   un entorno de áreas verdes. Éste ingresará   formalmente   en   el mes de Octubre y se espera su aprobación definitiva.

Por otro lado, bajo el principio de ‘ayuda mutua’, se busca ahorrar, administrando directamente los fondos, y construyendo a través de un mecanismo de horas de trabajo de los vecinos, para así reinvertir los recursos en las propias viviendas.

Descentralización

Uno de los últimos logros es haber   conseguido   un   terreno para cien familias en Llico, devastada localidad de la Octava Región, uno de los primeros terrenos que se van a expropiar para   viviendas   sociales.  Así, bajo objetivos y una bandera común cada territorio ha luchado por las necesidades que lo aquejan directamente.

“El poblador hoy ya no está entre cuatro paredes, empezó a soltarse y a transformarse en un sujeto político”, señala Soto “Nos parece natural que la gente quiera irse de la población, porque quiere entregar algo mejor a sus hijos. Por eso nuestra  batalla  no  es  sólo  por la casa, lo fundamental es la construcción de barrio, donde todos  nos  sintamos  parte  de él. Es una lucha para combatir el desarraigo”, concluye el miembro de los Sin Techo.

PINTANA (V) - 2011